Uno de los más arduos problemas que afronta la técnica jurídica en el juicio de amparo, es el relativo a la posibilidad de que el Estado pida amparo contra actos dictados o ejecutados en su contra, o por comisiones provenientes de algún otro órgano del Estado. Tal tema ha sido materia de numerosas controversias y no pocas discusiones entre nuestros tratadistas, pues se preguntan si los organismos públicos se encuentran legitimados para solicitar la tutela jurídica de nuestro sistema de control constitucional. Por tanto, se estima que el criterio del legislador, en los aspectos que se plantea y las tesis de la Suprema Corte de Justicia, no están acordes con los orígenes históricos y filosóficos que dieron nacimiento a los derechos fundamentales del hombre, ni con la realidad del Derecho Mexicano, ni con el espíritu de justicia que priva en nuestro régimen constitucional.