La adopción de la mediación como una iniciativa gubernamental para la resolución de conflictos es una práctica cada vez más extendida en la integración de las agendas públicas de Latinoamérica. En el caso de México, la práctica de la mediación ha permeado hasta los gobiernos locales, donde ha mostrado una naturaleza dinámica y heterogénea respecto a los arreglos institucionales que la sostienen. En dicho contexto, a la mediación local comúnmente se le asocia no sólo con la prevención de delitos, sino también a la posibilidad de mejorar las relaciones sociales a través del diálogo entre los habitantes de un territorio dado. Sin embargo, no hay evidencia empírica disponible, a nivel subnacional, sobre los verdaderos efectos de la mediación local sobre las relaciones sociales. Esta investigación ofrece un análisis cualitativo sobre el impacto que la existencia de servicios de mediación a nivel local tiene sobre las relaciones sociales. Para ello, se estudian comparativamente los casos de Querétaro y Corregidora, en los que se valora el efecto de los arreglos institucionales de los modelos de mediación local sobre las percepciones de las personas usuarias de los servicios; sirviéndose de dimensiones específicas del concepto de capital social. La investigación encuentra que la mediación local, en los contextos estudiados, tiene la capacidad de incidir en la confianza que las personas usuarias poseen respecto de los modelos de mediación, en su calidad de representantes gubernamentales. Sin embargo, también enfrenta limitaciones para promover la confianza entre las personas, la cooperación en torno a objetivos comunes y, en general, a la construcción del sentido de comunidad.