Esta investigación surge de la inquietud de poder colaborar en la llamada Reforma Fiscal Integral, imperante en nuestro país. Esta reforma es vasta y debe de ser paulatina. El presente trabajo al frente a las leyes que facultan a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a realizar actos de determinación y cobro de créditos fiscales, justificados en el interés público, sin respetar las garantías que el Estado marca para el ciudadano, y que desgraciadamente, y sin poder separar nuestros problemas jurídicos de los sociales, dicha Secretaria, se ha vuelto un organismo público extralimitado en sus funciones, de tal fuerza y tal coacción que resta al ciudadano credibilidad en los órganos gubernativos y en el sistema de justicia, y sumados a la inquietud que me causa esta materia al ver la incongruencia que algunos preceptos jurídicos tienen frente a la Constitución y los casos prácticos que he tenido que afrontar, tanto en mi hogar, como en .mi escasa práctica profesional, en defensa de mis derechos como ciudadana y contribuyente, buscare dar una solución justa y práctica, donde; ni el Estado (en ejercicio de sus funciones) ni el particular se vean desfavorecidos y respetando siempre el Interés público. Atendiendo a lo anterior y, en el entendido de que el derecho debe de estar conforme con la realidad social y su entorno, se pretende dar una aventurada propuesta de reforma en materia de justicia fiscal en lo que se refiere al procedimiento administrativo de ejecución y los accesorios del crédito fiscal como son los recargos, la actualización, las multas, los gastos de ejecución y los honorarios por notificación de crédito fiscal.