Descripción:
El derecho humano a la educación por su naturaleza corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales no han contado con mecanismos eficientes de justiciabilidad, por el contrario, nuestro gobierno (quien se encuentra a cargo de los derechos sociales), se han desentendido de su cumplimiento, o simplemente consideran que cumplen con ellos al aportar parte de su presupuesto, mínimo lo cual de inicio debería ser considerado una violación a ese derecho humano, es decir, a la dignidad de los niños. Hoy en día conocemos las consecuencias que lo anterior ha acarreado a nuestro país, es decir, al no contar con una educación que responda a los estándares internacionales, lo cual es apreciable en los resultados de pruebas aplicadas por diversos organismos, entre ellos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, hoy en día, asistir a una salón de clases, estar inscrito en una escuela pública no es garantía para gozar de una vida social plena, por el contrario, es notoria la degradación de la educación cuando observamos que los centros escolares exponen a los niños y jóvenes a peligros como las drogas, alcohol, maltrato físico y psicológico, etc. Por lo anterior, se determina una forma de hacer exigible este derecho social, llevándolo a nuestro tribunal constitucional y así se emprende su justiciabilidad, ya que como se sostiene los derechos sociales son derechos del individuo frente al Estado, en consecuencia debe responder por ellos. El punto de partida en la presente investigación, es la teoría de autores metodológicos y constitucionalistas, con análisis legislativo, jurisprudencial.