En el presente trabajo, se abordan los motivos políticos y jurídicos que llevaron a la desaparición de los servicios de salud descentralizados. De manera principal, se centrará en la ausencia del programa Seguro Popular, ya que la situación resulta importante para la comprensión de los retos para dar cumplimiento al derecho de protección a la salud en nuestro país. Se pone en consideración que el Seguro Popular fue reconocido en los años 2016 y 2020 por parte del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador al considerar que el programa otorgaba mayores niveles de cobertura, hecho inequívoco de que estaba dando buenos resultados. De manera histórica, en nuestro país, la estructura del sistema de salud se construyó por medio de institutos públicos inspirados en un sistema de protección al amparo de un Estado social. No obstante, a partir de la crisis económica en el año 1982, la figura del Estado en el sector salud cambio y se comenzó a brindar servicios descentralizados. En los cuales se detectó una ligera inclinación liberal hacia una lógica excluyente y focalizada, por lo que se mostraba una aparente confrontación e invasión de las estructuras jurídicas precedentes. Sin embargo, en la práctica, durante la actividad de las formas de Estado, resulta fundamental su complementación, por lo que, es de resaltar, que entre el Estado social y liberal no existe una jerarquía. Se debe considerar que en la actualidad, bajo el nuevo paradigma constitucional, la estructura del sistema de salud debe seguir cambiando hacia la construcción de estructuras inspiradas en el Estado constitucional como, por ejemplo, en un sistema de salud acorde al principio de progresividad.