Descripción:
La corrupción es un fenómeno que se encuentra inmerso en cada ámbito de la vida social, y es prácticamente con la aparición del hombre, cuando también empezaron a aparecer este tipo de prácticas indebidas; sin embargo, siempre o casi siempre, su realización, consecuencias y efectos, se inclinaron al ámbito público, y esa idea se fue desarrollando a lo largo de la historia, pues como se advertirá en el presente trabajo, la sanción que se daba a estas conductas siempre lo fue en razón del desempeño de un cargo conferido. En los últimos años, en México, surgió un nuevo marco legal para combatir la corrupción, centrándose en tres aspectos fundamentales: las faltas administrativas, los hechos de corrupción (delitos) y el control y fiscalización de los recursos públicos. Si bien, existió un gran avance en el combate a la corrupción, al crearse todo un andamiaje legal en el plano administrativo, también en cuanto a la fiscalización de recursos se avanzó, pero en materia penal, si bien se crearon las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción, cierto es que no existió una regulación homologada de las conductas penales que deberían investigar estas fiscalías, y más aún, no se logró, que desde el ámbito penal sancionar los actos de corrupción que se gestan entre los particulares, pero que sus efectos, no siempre se quedan en el ámbito privado, sino también en el público. Los actos de corrupción que se realizan en el sector privado, no son sancionables penalmente, a lo más que llegan a tener como consecuencia, es una sanción de tipo administrativo. Pero, es factible y viable sancionar penalmente a los particulares que, entre ellos, cometen actos de corrupción; en el trabajo que se presenta, se hace un análisis de legislaciones internacionales, además, de analizar legislaciones penales como Alemania, España, Colombia, que ya han implementado en sus Códigos Penales figuras delictivas que atentan contra diversos bienes jurídicos. Hoy, existen actos de particulares que deberían ser sancionados penalmente, porque, esos actos vulneran bienes jurídicos que deben ser protegidos, pero, que, además, es viable el poderlos sancionar desde este ámbito del Derecho.