Hoy en día, el estado de interdicción se ha considerado como una figura que menoscaba los derechos de las personas con discapacidad, siendo un proceso lento, por la carga de trabajo de los tribunales, designando muchas veces familiares que no garantizan sus derechos ya que tienen intereses propios en detrimento de las persona con discapacidad, sin tomar en cuenta sus intereses. En los países de corte latino, han venido trabajando en la implementación y desarrollo de figuras que se ajusten a los lineamientos de la Convención, México necesita impulsar nuevas figuras, trabajando conjuntamente con Organizaciones, instituciones y autoridades. Se debe empezar a implementar una nueva forma jurídica que aborde y cumpla con lo dispuesto en la multicitada Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizándoles su plena capacidad jurídica, vigilando que no sean parte de abusos, discriminación ni atropellos en su vida diaria. El Derecho debe responder a una nueva realidad, el nuevo concepto de discapacidad ya no se centra en la existencia de una deficiencia en una persona, sino de una barrera en la sociedad que le impide actuar, por ello el derecho debe de adaptarse, los instrumento jurídicos existentes deben de ser adaptados a estos “ajustes razonables”, para cumplir en la medida de los posible con los principios de la Convención.