La evolución de la sociedad ante la creciente oleada de corrupción y consecuente indignación de nuestro país, demanda, además de la eficiencia que siempre se ha requerido en el combate a la pobreza, que los recursos públicos que les son destinados sean transparentados de la mejor manera y que dejen de utilizarse con fines políticos y electorales únicamente, pues existen a nivel federal, estatal y municipal, una gama enorme de programas sociales que se duplican, triplican y hasta cuadruplican, teniendo los mismos objetivos, el combate a la pobreza, pero diferentes requisitos de acceso, de permanencia, de temporalidad, de apoyo, sin que además exista un método por el cual puedan ser evaluados, y que permita identificar a los usuarios o beneficiarios con toda claridad, para evitar que se dupliquen apoyos y tener un mayor espectro de ayuda a personas en situaciones vulnerables.