El objetivo del presente trabajo es demostrar cómo ha permeado en nuestra legislación vigente y en los tratados internacionales la ampliación para la protección de los derechos humanos no solamente respecto de actos de autoridades sino también en contra de actos de particulares e instituciones entre otras -las educativas- cuando éstos cumplan con determinados requisitos y estando en ese supuesto se puedan impugnar a través del juicio de amparo como lo prevé actualmente la ley de la materia.