Descripción:
Con la reforma constitucional en México, en el año 2015, se generó un nuevo marco legal que permitiría combatir a la corrupción, lo que implicaba una serie de cambios estructurales en todos los entes obligados; dentro ellos los municipios. Para atender tales requerimientos deberían establecer mecanismos, a través de los cuales se coordinarán y colaborarán con las autoridades vinculadas de los tres órdenes de gobierno del Sistema Nacional y Local Anticorrupción. Sin embargo, es preciso tomar consciencia, que todo requiere de una adecuada legislación, un presupuesto suficiente, la capacitación para los recursos humanos disponibles y plataformas informáticas robustas y seguras, por lo que si no se cuenta con ello, la implementación al menos de la Ley General de Responsabilidades no resultará operativa y funcional.