La presente investigación analiza la capacidad de detección de la violencia de género contra las mujeres (VGCM) por parte del funcionariado público de los sectores judicial, salud y asistencial, considerando su papel como primer contacto institucional para garantizar una atención oportuna, sensible y efectiva. La hipótesis de partida sostiene que la identificación y el abordaje de la VGCM se encuentran influidos por factores sociodemográficos, institucionales, formativos y psicoemocionales, así como por las condiciones institucionales y la presencia de estereotipos de género. Desde un enfoque metodológico mixto, que integra estrategias cuantitativas y cualitativas, se analizaron variables asociadas al perfil del funcionariado, al contexto institucional y a factores psicológicos implicados en la atención de casos de violencia de género, con el propósito de examinar su influencia en las percepciones, valoraciones y decisiones que se toman durante la intervención. Asimismo, se exploraron diferencias por sector de adscripción y por sexo, así como el papel de los marcos institucionales de actuación en la respuesta frente a la VGCM. Los resultados muestran que, en términos generales, el funcionariado evaluado presenta niveles bajos de detección, particularmente en las manifestaciones menos visibles de la violencia, como el control, el aislamiento y otras formas de dominio no físico. Se identificaron diferencias significativas según el sector laboral, confirmando que el contexto institucional constituye un determinante central de la capacidad de detección, por encima de variables individuales. Además, se observó que factores como la sobrecarga laboral y el agotamiento emocional influyen negativamente en el desempeño profesional y en la calidad de la atención brindada a las mujeres víctimas de violencia. Si bien la formación y capacitación con perspectiva de género y el conocimiento de protocolos no mostraron una asociación directa con mayores niveles de detección, los hallazgos evidencian brechas en la calidad y aplicabilidad de dichos procesos. En este sentido, el estudio subraya la necesidad de fortalecer estrategias institucionales integrales que incorporen modelos formativos basados en competencias, supervisión profesional, cuidado del personal y condiciones institucionales que favorezcan una respuesta más eficaz y sostenida frente a la violencia de género en México.