La presente investigación analiza la transformación ontológico-jurídica de la función notarial mexicana y del contrato de compraventa civil derivada de la implementación del régimen preventivo antilavado en el periodo 2012-2026. Mediante diseño cualitativo, documental y dogmático-jurídico, con enfoque hermenéutico-interpretativo y soporte en la teoría de la argumentación jurídica, se identifican cuatro convergencias fundamentales entre el paradigma civilista clásico y el paradigma preventivo: personalidad jurídica frente al beneficiario controlador; objeto y fin lícito frente a razón de negocio; fe pública validadora frente a fe pública trazadora; y forma jurídica frente a materialidad del acto. El trabajo sostiene, como aportación dogmática central, la tesis de la erosión funcional de la perfección consensual del contrato de compraventa postulada por los artículos 2134 y 2135 del Código Civil del Estado de Querétaro, equivalentes a los artículos 2248 y 2249 del Código Civil Federal. El régimen preventivo, sin derogar estos preceptos, ha relativizado funcionalmente su plenitud operativa: la compraventa civilmente perfecta por consenso sobre cosa y precio puede resultar fiscalmente inexistente por ausencia de materialidad (artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), carecer de plenitud patrimonial si omite la identificación del beneficiario controlador (artículos 32-B Ter a Quinquies del mismo ordenamiento), o quedar expuesta a reconstrucción sustantiva por ausencia de razón de negocio (artículo 5-A del referido Código). Se examina con especial profundidad la cuarta convergencia, se integra el análisis de la reforma al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026, con sus obligaciones de identificación de Personas Políticamente Expuestas, dictamen de auditoría, aviso por operaciones intentadas y procedimiento de cumplimiento espontáneo, se analiza la jurisprudencia sustantiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre materialidad del acto, con especial atención a la Jurisprudencia 2a./J. 41/2024, y se aborda la legitimidad democrática del régimen incorporado por vía de trazabilidad de elementos jurídicos con fundamento en la Jurisprudencia 2a./J. 133/2015 y el Amparo en Revisión 109/2023. Se propone el concepto de Fe Pública Integral como categoría dogmática articuladora de cuatro certezas como son la jurídica; patrimonial; fiscal y material, con doble alcance descriptivo y programático, y se desarrolla un protocolo notarial de cinco momentos aplicable sin exceso de facultades del fedatario. La investigación concluye que la transformación operada por el régimen preventivo exige un diálogo de actualización dogmática desde la autonomía del derecho privado, cuyo fruto institucional en el ámbito notarial es precisamente la Fe Pública Integral.