El hombre ha explotado los recursos naturales del planeta, en aras del crecimiento económico y el desarrollo. Este aprovechamiento desmedido de la naturaleza, ha puesto de relieve la fragilidad del medio ambiente ante la intervención humana y la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Con el objetivo de contrarrestar estos efectos negativos, pero inevitables, se han emitido mecanismos regulatorios en materia ambiental, sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes. En 1972, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acuñó el principio “Quien contamina paga”, lo que abrió la discusión sobre el uso de instrumentos económicos para mitigar la contaminación, como una forma de internalizar las externalidades negativas originadas por determinadas actividades económicas que implicaran la explotación de los recursos naturales. Desde finales del siglo pasado en otros países se establecieron los llamados impuestos verdes, sobre las emisiones de dióxido de carbono. Con el paso del tiempo, la imposición ambiental se ha extendido, en cuanto a su aplicación, diseño y objeto de imposición. Nuestro país, impulsado por los acuerdos internacionales suscritos, no ha sido ajeno a su establecimiento y algunos estados como Zacatecas, Nuevo León y Querétaro han implementado este tipo impuestos que, en el marco del federalismo fiscal, han desatado debates sobre su constitucionalidad, respecto a la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Esta investigación tiene como propósito, analizar la constitucionalidad del impuesto sobre extracción de materiales del suelo y del subsuelo, vigente en Querétaro a partir del año 2022 -hoy llamado impuesto por remediación ambiental causado por la erosión del suelo- a fin de determinar si su imposición se ajusta al sistema de distribución de potestades tributarias previsto por la Constitución Federal. Para tal efecto, se realizó un análisis del impuesto, a la luz de las disposiciones constitucionales que distribuyen las facultades tributarias en México, así como los criterios jurisdiccionales emitidos por el Poder Judicial de la Federación al respecto