Descripción:
La reforma Constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 es la
propuesta de cambio más importante al sistema de justicia penal desde que el
Constituyente de 1916-1917 buscó remediar los vicios y corruptelas de la
justicia porfirista y estableció un nuevo proceso penal que transformó las
instituciones existentes hasta ese momento.
En efecto, el importante momento histórico en que nos encontramos está
llamado a tener profunda transcendencia en el proceso penal mexicano del
siglo XXI, puesto que con esta reforma el poder revisor de la constitución
apuesta por la transformación integral del sistema de justicia penal, en tanto no
continua en la línea de las reformas parciales, sino que propone modificar
sustancialmente las instituciones y los principios vigentes para proponer el
establecimiento de un proceso penal acusatorio.
Hasta ese momento están vigentes amplias reformas al proceso penal o nuevos
códigos en los estados de Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y
Oaxaca. Así como los nuevos códigos procesales penales aprobados y
próximamente a iniciar su vigencia en los estados de Morelos, Zacatecas y Baja
California. Se debe enfatizar que este conjunto de entidades realizaron las
reformas referidas en fecha anterior, en dos de los casos con casi cuatro años
de adelanto a la reforma constitucional.