La aplicación práctica de los derechos humanos es una problemática actual que enfrenta tanto el Poder Judicial, a nivel local y federal, como los ciudadanos; representa una constante lucha por su reconocimiento y al mismo tiempo fijar límites para que éstos no sean transgredidos por las autoridades ni por otros particulares. En este rubro cobra especial importancia la protección de tales derechos de las categorías sospechosas de vulnerabilidad previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, donde se torna difícil identificar la posible colisión de derechos de estos grupos frente al resto de la sociedad. El reto es grande, sobre todo en la forma de argumentar y dotar de fundamento a los derechos humanos en cada caso concreto, para obtener una interpretación de los mismos conforme a la Constitución, ejercitando incluso si es necesario el control de convencionalidad y la inaplicación de normas secundarias que resulten contrarias a la Carta Magna y los ordenamientos supranacionales. De ahí la importancia de analizar en el presente trabajo la protección judicial que se brinda a estos grupos, concretamente a los incapacitados; para cuestionar si se han tutelado correctamente sus derechos y en su caso la forma de hacerlo apegado a lo preceptuado por los ordenamientos ya citados.